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Brufau participa en una reunión con las provincias argentinas

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, viajó ayer a Buenos Aires donde tiene previsto participar en la reunión que celebrará el jueves la Ofephi, organización integrada por las provincias productoras de petróleo del país. En principio, según fuentes empresariales, en su agenda no figura un encuentro con la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, aunque sí con representantes del Gobierno, con los que tratará sobre la crisis de YPF.
Esta semana podría resultar clave en el conflicto que dura ya varios meses, después de los rumores que volvieron a circular la semana pasada sobre una posible nacionalización de la filial argentina de Repsol. Después de que varias provincias petroleras hayan rescindido una decena de licencias de explotación al grupo español, al que acusan de no cumplir con sus compromisos de inversión, sus gobernadores exigen al Gobierno de Kirchner que tome una decisión. En tanto no vuelvan a licitar los campos se quedan sin su fuente de ingresos.
Según informa el diario argentino Cronista, existen varias opciones para que el Estado entre en YPF. Una de ellas, anunciada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, propone declarar de interés público los hidrocarburos, lo que implicaría una nacionalización de los recursos del subsuelo que están en manos de las administraciones provinciales desde la reforma de la Constitución aprobada en el año 1994.
Reforma constitucional
Otra de las opciones que defienden los gobernadores peronistas es la estatalización del capital de la petrolera (o el 33% o el 50,01%) con la posible participación de las provincias, algo que reclaman muchas de ellas. Cualquiera de estas opciones, no obstante, implicarían una reforma de la Ley de Hidrocarburos para dotar de legalidad a la operación. Además, la ley de privatización de YPF no permite la nacionalización pura y dura, sino que establece que, de pretender el Estado recuperar el capital de la compañía, este deberá lanzar una opa por todo el capital social.
En el último consejo de administración de su filial argentina, Repsol propuso el cobro de dividendos en acciones, lo que supondría reforzar los recursos propios de la empresa y no se expatriarían los dividendos, favoreciendo así la balanza comercial (la balanza energética resultó deficitaria el año pasado por primera vez).
Sin embargo, los representantes del Gobierno argentino en el consejo rechazaron la propuesta (después de informar a la presidenta) e insistieron en que los resultados se destinen a inversiones. Unas inversiones, que, según Repsol, duplican la propia cifra de dividendos.
El reparto del 90% de los beneficios (unos 600 millones de dólares) formaba parte del acuerdo de Repsol con el Gobierno argentino tras la entrada en el capital de YPF del grupo Petersen (propietario del empresario local Enrique Eskenazi) con un 25%, que se realizó con un crédito de la propia Repsol. Parte de estos dividendos servían para sufragar las anualidades del préstamo, que superó los mil millones de dólares.
El jueves, un día clave para el conflicto
Desde que se desencadenó el conflicto entre el Gobierno argentino y Repsol, a la petrolera le han sido rescindidas una decena de licencias en distintas provincias del país. Decisión unilateral que la compañía ha denunciado en los tribunales.
Pero la reversión de los contratos tiene sus efectos negativos sobre las provincias que la han aplicado (Chubut, Santa Cruz o Mendoza y Neuquén), que deben decidir ahora si vuelven a licitar los activos arrebatados a Repsol. Mientras tanto, dejan de cobrar las regalías.
Por este motivo, son las autoridades provinciales las que están presionando al Gobierno para que acabe con la indefinición respecto a YPF (precios, producción o inversiones). Además, la inseguridad jurídica derivada de las rescisiones de los contratos, a los que les quedaban varios años de vigencia, perjudica la imagen argentina y frena las posibles inversiones de otras multinacionales petroleras. De hecho, también a Petrobras se le ha rescindido una licencia.
El jueves puede ser clave, pues ese día se celebrará una reunión de la Ofephi, asociación de provincias productoras de petróleo, a la que tiene previsto acudir el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que ayer viajó al país andino para testar la situación de primera mano. Eso sí, no se verá con la presidenta, Cristina Fernández, que se ha cerrado en banda y se niega a recibir tanto a Brufau como a sus posibles emisarios.
Entre tanto, la petrolera española sigue pagando en Bolsa las consecuencias de la crisis argentina. Así, desde el pasado enero, el valor de sus acciones ha caído un 24%, con lo que la capitalización bursátil de la compañía se ha desplomado de los casi 29.000 millones a los actuales 22.000 millones.
Las cifras
10 son las licencias de exploración y producción que Repsol ha perdido, o está a punto de perder, en Argentina por decisión de varias provincias productoras: Chubut, Mendoza, Neuquén o Santa Cruz.
24% es la pérdida en Bolsa de las acciones de Repsol desde que se desencadenó el conflicto sobre la posible nacionalización de YPF el pasado enero.

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